Denuncian presuntas irregularidades en juicio laboral y piden auditoría a Junta de Conciliación y Arbitraje en Reynosa
Reynosa, Tam., agosto 04.- El asesor jurídico de Derechos Humanos Internacionales, Máximo Amaya Román, solicitó la realización de una auditoría a la Junta Especial Número 5 de Conciliación y Arbitraje, al denunciar presuntas irregularidades en un juicio por despido injustificado que, aseguró, permanece sin resolverse después de más de seis años.
Durante una conferencia de prensa, el litigante explicó que representa legalmente a Carlos Armando Ortiz Rangel, quien demandó a una empresa funeraria tras su despido y que, hasta la fecha, no ha recibido el pago correspondiente por concepto de liquidación, salarios caídos e intereses, cuyo monto, afirmó, supera los 805 mil pesos.
Amaya Román sostuvo que el expediente continúa dentro del antiguo sistema de justicia laboral, a pesar de que, según indicó, ya existen resoluciones judiciales y diversos recursos legales promovidos durante el procedimiento.
Entre los señalamientos expuestos, afirmó que vehículos embargados como garantía del cumplimiento de la sentencia fueron retirados del domicilio de la empresa, aun cuando existía una orden judicial que impedía su movilización.
De acuerdo con el abogado, durante una diligencia para realizar un segundo avalúo de las unidades, estas ya no se encontraban en el lugar, situación que, aseguró, ocurrió incluso con conocimiento de autoridades ministeriales presentes durante las actuaciones.
ACUSAN RETRASOS Y FALTA DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS
El representante legal también señaló que la empresa habría perdido un juicio de amparo y el recurso de revisión correspondiente, por lo que, en su opinión, estaba obligada a informar periódicamente sobre el estado de los bienes asegurados para garantizar el cumplimiento de la resolución.
Asimismo, denunció presuntos retrasos en la tramitación del expediente y aseguró que, en determinado momento, no fue notificado oportunamente de resoluciones emitidas por autoridades federales, enterándose posteriormente del avance del procedimiento.
Amaya Román añadió que la Junta Especial Número 5 no ha impuesto sanciones por los presuntos incumplimientos atribuidos a la empresa ni ha ordenado el embargo de cuentas bancarias, medida que, dijo, está contemplada en la Ley Federal del Trabajo para garantizar el pago de obligaciones laborales.
Ante esta situación, el abogado hizo un llamado al gobernador Américo Villarreal Anaya para que instruya una auditoría al funcionamiento de la Junta Especial Número 5 de Conciliación y Arbitraje y se revise el rezago que, afirmó, enfrentan numerosos trabajadores con expedientes pendientes de resolución.
También pidió la intervención de las autoridades estatales competentes, del Sistema Estatal Anticorrupción y de instancias federales para revisar el desempeño de la autoridad laboral, al considerar que existen presuntas omisiones que han impedido que su representado obtenga una resolución definitiva.
Hasta el momento, la Junta Especial Número 5 de Conciliación y Arbitraje no ha emitido un posicionamiento público sobre los señalamientos realizados por el representante legal, por lo que esta información corresponde a las declaraciones expuestas por la parte denunciante.
